Actualidad
Fiscalía investiga a Nelson Velásquez por concierto en cárcel de Itagüí con narcos
Fiscalía investiga a Nelson Velásquez por concierto en cárcel de Itagüí con narcos. También indagan a funcionarios del Inpec.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar contra el cantante de vallenato Nelson Velásquez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, tras su presentación en una fiesta realizada dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en Antioquia, donde permanecen recluidos cabecillas de organizaciones criminales.
El proceso busca establecer el origen de los recursos con los que fue financiado el espectáculo
Luego de que surgieran indicios de que podrían estar vinculados a actividades ilícitas relacionadas con estructuras delictivas que operan en Medellín y su área metropolitana. El caso ha generado un fuerte impacto mediático y ha reabierto el debate sobre el control en los centros penitenciarios del país.
De manera paralela, la Fiscalía inició otra investigación por el delito de prevaricato por omisión contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes habrían permitido el ingreso irregular del artista y su equipo al penal, lo que plantea cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en una de las cárceles más importantes del país.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de abril, cuando Velásquez participó en una celebración al interior de uno de los pabellones de la prisión. Según las primeras versiones, el evento habría sido organizado para conmemorar el cumpleaños de un cabecilla conocido con el alias de “Pocho”, así como la posible salida de prisión de otro interno identificado como alias “Lindolfo”.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran al cantante interpretando sus canciones durante la fiesta, en la que también se evidenció consumo de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento carcelario. Estas grabaciones se convirtieron en una de las principales pruebas que motivaron la reacción de las autoridades.
Ante la gravedad de los hechose ordenaron inspecciones dentro del penal para recolectar evidencias que permitan determinar si existe mérito para avanzar hacia una investigación formal tanto contra el artista como contra otros posibles implicados.
El caso también generó una respuesta inmediata del Gobierno nacional.
El presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de varios de los cabecillas involucrados a cárceles en Bogotá y la suspensión temporal de la mesa de diálogo sociojurídico que se adelantaba con grupos criminales en Medellín y el Valle de Aburrá.
Por su parte, el Inpec anunció la separación provisional de 11 funcionarios mientras avanzan las investigaciones. Además, se realizaron operativos dentro de la cárcel que permitieron la incautación de celulares, licor, drogas y equipos electrónicos no autorizados.
El escándalo pone nuevamente en el centro del debate la situación de control y seguridad en los centros penitenciarios del país, así como la capacidad del Estado para evitar que estructuras criminales mantengan influencia y poder desde el interior de las cárceles.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso sigue generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el político, en un contexto donde el Gobierno enfrenta desafíos en su política de seguridad y diálogo con grupos ilegales.